Por medio de un petitorio dirigido a los/las senadores/as, a jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), a la presidenta Dilma Rousseff y a autoridades del Poder Judicial y Ejecutivo, más de 30 organizaciones sociales y ambientales piden la anulación de la Medida Provisoria (MPV) 558, editada por la presidenta Dilma el 6 de enero de este año y convertida en Proyecto de Ley de Conversión 12/12 por la Cámara.

Entre otras ilegalidades, la MP reduce las áreas de siete Unidades de Conservación (Ucs) en la Amazonia, con el objetivo de facilitar la construcción de hidroeléctricas.

"La MPV Nº 558 excluye ilegalmente, sin estudios técnicos y sin consulta alguna a las poblaciones afectadas y a la sociedad brasilera en general, vastas áreas de Unidades de Conservación (UCs) en la Amazonia para albergar a los obradores y depósitos de grandes hidroeléctricas que, planeadas de manera autoritaria, amenazan ecosistemas de biodiversidad única, las metas brasileras de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, principalmente, los derechos humanos y la calidad de vida de miles de brasileros que viven en la región”, explican en carta abierta.

Los activistas explican que los problemas más serios están en la cuenca del río Tapajós, donde 75.630 hectáreas de cinco unidades federales de conservación, inclusive 18.700 hectáreas del Parque Nacional de la Amazonia, fueron desafectadas. El objetivo fue abrir espacios para los depósitos de las represas de São Luiz do Tapajós y Jatobá, que, según la carta, son UCs de protección integral y uso sustentable con ecosistemas acuáticos y forestales únicos clasificados por el Ministerio de Medio Ambiente como áreas de prioridad extremadamente alta para la conservación de la biodiversidad.

"La protección y el uso sustentable de esas áreas son fundamentales para la economía regional, la reproducción cultural, la supervivencia y, por lo tanto, el bienestar de las poblaciones locales, que desarrollan, entre otras, actividades productivas como la pesca, la agricultura familiar, el extractivismo, el manejo forestal y el turismo ecológico”, aclaran.

Hasta el momento, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), su respectivo Informe de Impacto Ambiental y el estudio de viabilidad económica de las hidroeléctricas de São Luiz do Tapajós y Jatobá no están terminados. Tampoco hubo debates con la sociedad civil y los/las afectados/as sobre los emprendimientos y la propuesta de reducción de las cinco Unidades de Conservación.

Otro hecho sobre el cual los activistas llaman la atención es que la MPV 558 excluye 2.188 hectáreas del Parque Nacional Campos Amazónicos, en la frontera entre los estados de Rondônia y Amazonas, con la intención de abrir un camino para el depósito de la represa de Tabajara, en el Río Machado, medida que causará serios problemas para los grupos indígenas aislados en situación de alta vulnerabilidad.

La constatación de tantas ilegalidades llevó a la Procuraduría General de la República a señalar la necesidad de una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI 4717) contra la MPV 558. En este momento, se espera la decisión del STF. La ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, relatora de la ADI, ya divulgó su parecer a favor de un juzgamiento en régimen de urgencia, en virtud de los graves impactos que la MP podrá provocar.

La falta de atención al asunto también quedó en evidencia con la inobservancia de los plazos legales. La Cámara de Diputados utilizó casi todos los 120 días disponibles para el análisis del proyecto de ley de conversión (PLC no. 12/12) y dejó al Senado sin el tiempo necesario para debatir el asunto. Los plazos están agotándose. La apreciación y aprobación final del proyecto de ley de conversión y su promulgación por la presidenta deben realizarse hasta el jueves 31.

En virtud de la falta de atención y de la suma de irregularidades que rodean la tramitación de la MP 558, las 30 organizaciones sociales y ambientales piden que los/las senadores/as rechacen el PLC No. 12/12, cuya votación está prevista para este martes. Y piden también que el STF aprecie, en régimen de urgencia, la Acción de Inconstitucionalidad juzgada por la Procuraduría General de la República.