En una sorprendente declaración el Ministro Mañalich frente a la presión que han realizado diversas organizaciones por que fiscalice a la comida chatarra que se vende con juguetes, amenazó con exonerar a la señora Seremi Metropolitana de Salud, Rosa Oyarce afirmando drásticamente que: "si la Seremi de la Región Metropolitana va a fiscalizar yo la voy a echar, porque no puede hacerlo".

A pesar que existe una ley que prohíbe incluir juguetes en los alimentos infantiles, a media cuadra del palacio de gobierno, las cadenas de comida chatarra siguen vendiendo la famosa y dañina "cajita feliz” que incluye las golosinas y pequeños juguetitos. Pero lo más increíble es que el Ministro de Salud amenazó con echar a cualquier funcionario que fiscalice esta situación.

Las palabras del Ministro ocurren luego que sociedades médicas, organizaciones de consumidores, de padres y apoderados y de feriantes solicitaron a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que inicie una ronda de control a los negocios que están vendiendo comida chatarra junto a promociones de juguetes.

La prohibición de vender esta comida infantil con juguetes asociados ocurre luego de la entrada en vigencia de la Ley Sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, más conocida como ley de comida chatarra.

Y a pesar que el viernes pasado el Ministro Mañalich le señaló a varios profesionales y académicos del área de la salud que la Ley ya se podía aplicar, y que solo le faltaban fiscalizadores para hacerla cumplir, hoy apareció negando lo que había afirmado.

Para solicitar que se fiscalice y se aplique la Ley, actores sociales, que conforman el Frente Ciudadano contra la Obesidad y sus Complicaciones, se reunieron hoy con el departamento jurídico de la Seremi de Salud, para insistir en el cumplimiento de la ley 20.606,.

En la reunión el jefe del departamento jurídico de esta oficina estatal, Marco Saavedra afirmó que no podían fiscalizar, pero que consultarían formalmente al Ministro acerca de esta interpretación.

Frente a esto las organizaciones ciudadanas afirman que la Ley sí se puede aplicar y los funcionarios estatales tienen el deber de fiscalizar. La doctora Cecilia Castillo señaló que "la seremi le da una interpretación de que la Ley no aplica y por tanto no fiscaliza, y entonces ahora tenemos el camino abierto para recurrir a la Contraloría”.

En tanto el doctor Jaime García, presidente de la Alianza Global contra la Obesidad, afirmó que seguirán fiscalizando, de manera ciudadana, los productos que vayan en contra de esta ley. "Vamos a recurrir a las redes sociales y a todos los canales informales para que la ciudadanía se haga parte de este problema. El rol fiscalizador que le compete a la Seremi no se está cumpliendo. Aquí el costo lo paga la salud público y los niños más vulnerables”, afirmó el especialista..

Por su parte Eduardo Catalán, presidente de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderado manifestó que "no podemos esperar un año a que esté lista el reglamento para poder aplicar la ley. Además, aquí hay una falencia enorme del Ministerio de Salud y el de Educación en aplicar esta ley en los establecimientos educacionales, donde se venden comidas bajo estas características”.