Está cada vez más cerca la aprobación del proyecto de ley (PL) que despenaliza el aborto en Uruguay. Después de que el diputado del Partido Independiente (PI), Iván Posada, aceptó las modificaciones propuestas por la bancada del Frente Amplio (FA), ahora la Cámara de Diputados acumula los votos necesarios para aprobar el PL. En el caso que sea aprobada, la ley permitirá la interrupción de gestaciones con menos de 12 semanas y además ayudará a impedir que mujeres y niñas mueran en virtud de abortos ilegales y mal realizados.

En su proyecto original, Iván Posada sugería la figura del "objetor de conciencia”, que sería uno de los tres integrantes del comité asesor encargado de ofrecer informaciones a la mujer que manifestara interés en interrumpir la gestación. El objetor sería un opositor a la realización del aborto. El partido gubernamental no estaba de acuerdo con esta propuesta por considerarla ‘tendenciosa’.

Con este cambio de actitud de Posada, se llega al número necesario de 50 diputados para aprobar el proyecto, que prevé la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y permite también la interrupción después de este plazo sólo cuando la vida de la mujer esté en riesgo o en el caso de mal formación fetal incompatible con la vida extrauterina.

El PL también prevé que después de recibir la solicitud de aborto, el médico responsable deberá reunir un equipo interdisciplinario formado, al menos, por tres profesionales: un médico, un especialista en el área de salud psíquica y otro del área social.

La ley, si se aprueba, terminará con las penas de tres a nueve meses de prisión para las mujeres que practiquen aborto.

Según una encuesta divulgada por el periódico Gaceta.es, entre el 57% y el 63% de los uruguayos apoya la legalización del aborto. De éstos, buena parte son jóvenes estudiantes del secundario y universitarios. Por otro lado, el 37% desaprueba la propuesta.

Muertes por abortos clandestinos

A pesar de que el aborto aún es considerado ilegal en Uruguay, el gobierno dictó una norma que obliga a los médicos del sector público y privado a asesorar a las mujeres que decidieron interrumpir el embarazo.

La medida fue tomada en 2001, cuando se registraron 302 muertes maternas vinculadas con abortos inseguros. En 2007, sólo con programas de atención pre y post aborto, el número cayó a dos muertes. La intención era que las mujeres salieran de la condición de aborto inseguro a la de aborto de menor riesgo.

La medida ayudó a disminuir el número de muertes, pero no eliminó totalmente el problema. Prueba de ello es que a comienzos del año, en sólo 15 días, dos mujeres murieron después de utilizar Misoprostrol para interrumpir la gestación; medicamento considerado nocivo si se utiliza sin asesoramiento médico. El Ministerio de Salud Pública (MSP) ordenó investigaciones minuciosas sobre los casos, ya que desde hace cinco años no se registraban óbitos por este motivo.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com