La decisión de la Asamblea Nacional reconoció que la lucha social en defensa del agua y de la naturaleza son legítimas, lo que fue celebrado por las más de 300 personas que salieron de Nabón para apoyar a los dirigentes.

Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez fueron sentenciados bajo la acusación de sabotaje y terrorismo durante un levantamiento campesino contra la empresa Explorsur, de propiedad de la familia Eljuri, una de las más ricas del país.

La empresa había iniciado una etapa de explotación sin tener las debidas licencias, lo que comprometió seriamente el agua y la tierra, motivando a la población a manifestarse y quemar el campamento de la empresa.

Con la sentencia condenatoria de 2010, los líderes pasaron a vivir en la clandestinidad, enfrentando adversidades económicas y de salud física y mental. La situación fue confirmada por un estudio elaborado en junio de este año por el Proyecto de Reparación Socio-ambiental Clínica Ambiental, Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, Acción Ecológica, y por el Movimiento por la Salud de los Pueblos Latinoamericanos.

El informe, entregado a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, relata condiciones infrahumanas. Hay muchas dificultades financieras, pues los campesinos pararon de trabajar, problema que se irradia a toda la familia. Hijos adolescentes fueron obligados a dejar la escuela y pasar a trabajar para ayudar en el sustento de la casa. La provisión de alimentos, agua y remedios a los clandestinos está comprometida.

Se suman a esto los varios problemas de salud. En el campo mental, van desde insomnio y disturbios alimentarios hasta ideas suicidas. De acuerdo con el informe, todos los pacientes presentan sufrimiento mental severo, ansiedad y depresión, en grados que aumentaron entre la primera y la segunda evaluación realizada.

"Estos resultados visibilizan que a medida que transcurre el tiempo, el estado emocional de los criminalizados se agudiza. En relación con el deterioro cognoscitivo, tenemos 4 pacientes con estado cognoscitivo deteriorado y 1 con sospecha patológica. Solamente 2 pacientes mantienen estado cognoscitivo normal, sin embargo en uno de ellos existe una baja de 1 punto. Esto nos lleva a concluir que la intensidad del sufrimiento mental está afectando profundamente a los compañeros a nivel de deteriorar incluso el estado cognitivo”, señala.

En relación con la salud física, la mayoría tiene problemas respiratorios y algunos tienen problemas reumáticos graves.

Las instituciones responsabilizaron al Estado por la salud y la vida de los compañeros criminalizados, sugiriendo que actúen inmediatamente para restituirles los derechos a la salud y a la vida. También se comprometieron a continuar monitoreando las condiciones de salud.

En Ecuador, los movimientos vienen acusando al gobierno de, junto con las empresas mineras, perseguir a líderes comunitarios que se oponen a la devastación ambiental. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en el país hay cerca de 200 personas perseguidas y procesadas por el Estado y por empresas privadas, principalmente en temas de explotación minera.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com