El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina se manifestó el último viernes (20) por la necesidad de aprobación urgente del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre de 2011 y que, desde entonces, espera ser tratado en el Senado Federal. El CELS pide que las autoridades argentinas le presten la atención necesaria al problema para que se pueda terminar con esta práctica constante en las cárceles, comisarías, casas de detención de menores y unidades psiquiátricas del país.

Recientes denuncias de tortura de detenidos en una comisaría de General Güemes, provincia de Salta, son ejemplos que refuerzan la necesidad de la sanción urgente del Mecanismo de Prevención. El Centro denuncia que la tortura fue practicada por miembros de la ‘División Drogas Peligrosas’ de la policía provincial. Esta misma situación se repite en varias otras comisarías Argentina o fuera de ellas sin que se haga nada.

Otra prueba de que las personas privadas de libertad sufren constantes violaciones de sus derechos humanos son los innumerables casos de malos tratos, incendios en penitenciarías y condiciones inhumanas de detención en varias provincias. Para mencionar algunos casos que tuvieron repercusión, el Centro de Estudios Legales y Sociales recuerda el incendio en el presidio de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, el año 2005, y otro en Santiago del Estero, en 2007. El CELS también cita las constantes denuncias por las pésimas condiciones de conservación de las prisiones e institutos de detención de menores en Santa Fe, Neuquén y Corrientes.

Debido a situaciones como éstas fue que el Centro, junto con organizaciones de la sociedad civil, defensores públicos e integrantes de la Administración Penitenciaria de la Nación elaboró el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Según señaló el Centro de Estudios, la intención es avanzar en la construcción de institucionalidad para prevenir una de las principales violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina.

A pesar de estos esfuerzos que intentaron cumplir con el ‘Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas’, firmado por Argentina en 2004, las autoridades presentes en el Senado parecen no estar empeñadas en la resolución de este problema.

En 2011, tres comisiones dentro del Senado aprobaron el Mecanismo, pero aún así el asunto no fue tratado en esa instancia legislativa. En marzo de este año, representantes de varias fuerzas políticas del Senado se comprometieron a debatir el Mecanismo junto con algunos miembros del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas durante el evento "Para la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Argentina”. A pesar de ello, no hay indicios de consenso, empeño ni interés en tratar el asunto.

"La existencia de patrones estructurales de violación de derechos sobre las personas privadas de libertad en el país exige una respuesta política enérgica. Hasta el día de hoy no se ha logrado revertir una situación que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en 2004, marcó como generalizada y habitual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en las provincias como en la Capital Federal”, apela y denuncia el Centro de Estudios.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com