El Ministerio de Justicia de Perú viene tratando los casos de violaciones a mujeres en el contexto del conflicto armado del país como algo desvinculado de las demás torturas y delitos cometidos, sobre todo, en los años 80 y 90. Por ese motivo, niegan que las mujeres puedan recibir reparaciones económicas y simbólicas. Esta situación de injusticia motivó a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a luchar por los derechos de las mujeres que fueron victimadas durante el conflicto interno.

Según informe de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), desde el 22 de diciembre de 2010, el Ministerio de Justicia justifica que la violencia sexual no está prevista y sancionada en la legislación penal peruana. Basado en esto, el Ministerio de Justicia decidió pronunciarse contra el Proyecto de Ley Nº 2906/2008-CR "que amplía el Plan Integral de Reparaciones y propone se incluya como víctimas y beneficiarias a las personas que hayan sufrido otras formas de violencia sexual durante el conflicto armado”.

En un pronunciamiento, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rebate este pretexto y aclara que, según la Ley del Plan Integral de Reparaciones (PIR), no es necesario que los hechos sean tipificados como delitos para que las víctimas, cuyos derechos fueron violados, tengan derecho a la reparación.

De acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, los embarazos forzados, abortos forzados, esclavitud sexual y prostitución forzada son delitos de lesa humanidad, y esto ya es bastante como para que se determine la reparación económica y simbólica.

"No hay razón valedera para dejar sin reparación a miles de mujeres que sufrieron ataques criminales. Son numerosos los instrumentos internacionales y jurisprudencia que así lo reconoce y de los cuales Perú es parte obligada (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros)”.

Por esta suma de razones, la coordinadora Nacional de Derechos Humanos pide que, rápidamente, la Ministra de Justicia tome en consideración el sufrimiento de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno y permita que sean insertadas en el programa de reparaciones para que puedan recibir todo a lo que tienen derecho.

Impunidad

Las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno en Perú no sufren sólo por las negativas de inserción en el programa de reparación. La impunidad es otro motivo de angustia. Las investigaciones sobre delitos sexuales en este contexto están prácticamente paradas y no evolucionan a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos de dentro y fuera del país.

De acuerdo con la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), los principales acusados de los delitos de violencia sexual son agentes del Estado, en especial miembros del Ejército. A pesar de eso, no existe ninguna sentencia contra militares.

Durante el período del conflicto, la CVR registró 538 víctimas de violencia sexual, sin embargo, el número es mucho mayor. Datos del Consejo Nacional de Reparaciones estiman que 1.150 mujeres fueron violadas y hay todavía otras 697 solicitudes de que se las considere víctimas. De todos los casos registrados oficialmente, en sólo dos hay un proceso penal abierto.