Pese a algunos avances económicos, Panamá mantiene altos índices de pobreza y de inseguridad alimentaria -agregada a la falta de estructura social y política, resaltando las desigualdades- que recaen con mayor fuerza sobre las poblaciones rurales e indígenas. Ésta es una de las conclusiones del informe Avances en Derechos a la Alimentación, elaborado por la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre (ALCSH), a través de Ngobe Acción Cultural, difundido el mes pasado.

Los datos oficiales del país señalan que 4 de cada 10 personas viven en situación de pobreza total (36.8%) y que el 16.6% del total de la población (508.700 panameños) está en situación de pobreza extrema. Basado en estos datos, el objetivo del estudio es elaborar un panorama y señalar soluciones que contribuyan a la seguridad alimentaria.

Llaman la atención los datos del estudio referentes a las zonas rurales e indígenas. El nivel de pobreza en la zona rural llega a casi el 63%, mientras que el nivel de indigencia llega al 35.4%. En áreas indígenas, el número es aun más preocupante y demuestra la falta de políticas y cuidados del Estado para con esa población. En esas áreas, el nivel de pobreza tiene un índice del 98.5% y el de indigencia o de extremadamente pobre, un 89.7%.

El informe asevera que el país "presenta niveles de pobreza y subnutrición preocupantes, que no se corresponden con el nivel de desarrollo económico y humano del país". También se señalan deficiencias en relación con la división de competencias y funciones de los varios actores públicos y privados.

El informe recomienda que, en vez de invertir en el agronegocio, el gobierno panameño reoriente sus políticas en favor de los pequeños y medianos productores, "que son los que más pagan la crisis, pues están abandonando el campo y vendiendo sus tierras".

El informe aconseja, además, que el gobierno garantice la titularidad de las tierras y el desarrollo rural con enfoque territorial; realice una formación sistemática, que permita a los grupos marginados su incorporación a las nuevas tecnologías; establezca redes de intercambio, que permitan un comercio alternativo local y regional; y transfiera tecnología alternativa para la producción de energía eólica, mini-hidroeléctricas y agricultura orgánica.

El documento señala a Panamá como un país "que ha situado las necesidades nutricionales de la población como materia de política de Estado". "Han sido aprobadas distintas leyes y decretos que institucionalizan programas nutricionales, una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, entidades gubernamentales para dirigir y evaluar los avances en ese ámbito."

Según el informe, el hecho más importante de la política panameña fue el proyecto de ley de seguridad alimentaria. Presentado en 2005 por la SENAPAN (Secretaría Nacional de Coordinación y Seguimiento del Programa de Alimentación Nacional), el proyecto crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con entidades dedicadas a conducir y evaluar el Plan Nacional. Sin embargo, "ese proyecto fue sometido a modificaciones profundas, las cuales fueron entregadas en 2008 a la Asamblea de Diputados. Hasta la fecha, no se produjeron avances sustanciales en la discusión que dé señales de una rápida aprobación del proyecto".

El documento avalúa que la ley de seguridad alimentaria "debe ir acompañada de una claridad institucional de las competencias que cada organismo debe cumplir en el marco del Derecho a la Alimentación". Señala la necesidad de consolidar un Sistema Único de Vigilancia Alimentaria, que dé impulso al Plan Alimentario Nacional, con metas claras y precisas.

El informe aconseja que la propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional sea aprobada con la máxima urgencia. "Se considera urgente llevar a cabo acciones para socializar ese derecho en la sociedad y capacitar a los agentes públicos y privados que se relacionan con la alimentación".

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com