En Perú el servicio telefónico gratuito (0800-2-3232), creado en el 2006 para recibir denuncias de casos de tráfico de personas o de sospechosos, han sido objeto de bromas de mal gusto. Según nota divulgada por el Ministerio del Interior, cerca del 50% de las llamadas recibidas son bromas o inválidas. Por causa de este índice es que el Ministerio llamó la atención de la sociedad y pidió que el servicio no sea utilizado para hacer llamadas perniciosas, ya que eso dificulta la investigación de casos reales que merecen atención.

Las personas que hacen ese tipo de llamada, ciertamente, ignoran la complejidad de este crimen que es considerado la esclavitud de los tiempos modernos, ya que la trata a la persona como mero objeto de explotación y de lucro, sin derecho a la libertad de escoja. Las víctimas son, generalmente, negociadas para otras ciudades o países, quedándose rehenes de redes criminales y sufriendo constantes amenazas.

Por causa de la complejidad de este crimen, que ultrapasa las fronteras y afecta las más diversas culturas, se necesita de mucho empeño y del máximo de cooperación para el proseguimiento de las investigaciones.

De acuerdo con los datos del Ministerio, en lo que va del año fueron recibidas mas de mil llamadas, siendo que 410 correspondieron a consultas ciudadanas y un gran porcentaje fue clasificado como denuncias de tráfico de seres humanos. Sin embargo, el órgano alertó que existen, en media, 570 llamadas inválidas, de las cuales 300 tratan de consultas de otros tipos de servicios y 270 son llamadas falsas.

Según el Ministerio del Interior más de la mitad de las denuncias recibidas son de la capital, Lima, y afectan a adolescentes de sexo femenino. También se denuncian casos en los departamentos de Loreto, Cuzco, La Libertad, Puno, Piura y Lambayeque. Muchas de las denuncias son hechas por los propios padres de familia y familiares de los/las menores que se tornan víctimas de las falsas promesas de empleo o bolsas de estudio.

El canal para las denuncias encamina los casos válidos para la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIRINCRI), que cuenta con la ayuda de la División de Investigaciones de Tráfico de Personas (IVINTTRAP). El servicio también ofrece orientaciones para los casos de explotación laboral y sexual, sobretodo, en los casos que involucran a niños/as y adolescentes.

Caso en Perú

Irene fue una de las 194 víctimas del tráfico humano, identificadas en el 2009, en Perú. Siendo madre soltera y desempleada decidió buscar una oportunidad en el exterior. Fue en estas circunstancias que un agente de empleos le ofreció un empleo en Japón. La promesa era que ella, junto a migrantes de otros países, trabajaría en fábricas para recibir US$ 6 mil mensuales.

Para terminar la propuesta “’irresistible’, todos los gastos con los trámites legales, transporte y hospedaje, serían pagos por los futuros patrones, y el trato era que ella pagaría esta deuda con parte de su salario. Así fue que Irene decidió dar el paso que cambiaría y marcaría profundamente su vida.

Una vez llegada a su destino, la peruana percibió que había sido víctima de un gran fraude y se vio en las manos de la conocida mafia japonesa, Yakuza. El trabajo en la fábrica era, en realidad, la explotación sexual, y la víctima tubo que sentirse obligada a servir a decenas de hombres sin recibir nada de pago.