Un incendio ocurrido en la madrugada del 8 de julio de 2010 en la Penitenciaría del Departamento de Rocha, en Uruguay, dejó 12 presos muertos y ocho heridos. En esa época, organizaciones defensoras de derechos humanos llamaron la atención sobre las condiciones de los presidios del país. El último viernes (8), exactamente un año después del episodio, Amnistía Internacional Uruguay (AIU) afirmó que el cuadro continúa siendo el mismo.

"Amnistía Internacional Uruguay (AIU) expresa su preocupación porque este establecimiento carcelario continúa funcionando en las mismas condicionesen que se desató el incendio en la madrugadadel 8 de julio de 2010”, afirmó.

El fuego comenzó alrededor de las 3.30 hs. en la celda dos. El lugar, construido para albergar a ocho presos, tenía 20 internos, situación que se repetía en otras alas de la penitenciaría. Organizaciones de derechos humanos llamaron la atención sobre la superpoblación y la falta de estructura del lugar.

La penitenciaría de Rocha es una de las más pobladas del país. En esa época, contaba con 50 sectores para 174 presos. O sea, albergaba un 290% más que su capacidad. La situación de las cárceles uruguayas ya había sido alertada inclusive por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con Amnistía Internacional, en marzo de 2009, el relator especial de la ONU sobre la tortura, en una visita al país, analizó las malas condiciones que presentan los presidios de Uruguay y observó un tratamiento inhumano y degradante en algunos establecimientos.

"Tras la visita, recomendó que se llevara a cabo una reforma fundamental de los sistemas penitenciarios y de justicia penal. Reforma que aún dista de estar en marcha desde una visión integral y respetuosa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, recordó.

A causa de esto, Amnistía Internacional Uruguay aprovechó para recordar un año del hecho y nuevamente pedir al Estado uruguayo el respeto de los derechos humanos de las personas presas del país.

"AIU reitera que la seguridad y el respeto a la integridad física y mental de las personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado y que las medidas para subsanar los problemas ocasionados por sus propias falencias deben ser tomadas con celeridad para que no se repitan nuevos incidentes de estas características”, destacó.

Traducción: Daniel Barrantes –barrantes.daniel@gmail.com