Lucha contra la minería en Costa Rica, mercados locales que posibilitan trueque entre campesinos colombianos y un persistente trabajo de protección de las semillas nativas en Uruguay. Con éstos y otros ejemplos la organización ambientalista Amigos de la Tierra Internacional (ATI) produjo el informe Derechos Comunitarios, Injusticias Empresariales, difundido el último día 13.

El documento tiene por objetivo demostrar la importancia de garantizar derechos comunitarios, conquistados mediante la resistencia colectiva y de marco jurídico justo. "Los derechos de las comunidades son colectivos, universales, indivisibles, interdependientes y soberanos. Sirven de contrapeso en la lucha de resistencia contra los derechos de propiedad intelectual monopólicos que socavan la propiedad y el conocimiento tradicional y buscan controlar semillas, alimentos, la agricultura y medicamentos a través de leyes de patentes”, se señala.

Un fuerte ejemplo es el caso de Costa Rica, país que venía sufriendo a causa de la minería. El año 2010, los movimientos sociales organizaron varias manifestaciones denunciando los efectos negativos de la actividad, más específicamente las desventajas del proyecto Crucitas.

Este proyecto de minería a cielo abierto, llevado a cabo por la transnacional canadiense Infinito Gold, afectaba a un pequeño poblado del norte del país. Como resultado de las movilizaciones, un tribunal prohibió cualquier tipo de actividad minera a cielo abierto, y por esto a Industrias S.A., una subsidiaria de la empresa minera canadiense, se le anuló la concesión.

"Esta victoria allanó el camino para la aprobación de una ley en noviembre de 2010 que prohíbe la minería de metales a cielo abierto en todo el país. Este gran logro fue sólo posible debido a las campañas permanentes en contra de la minería que las comunidades afectadas comenzaron hace 18 años y que luego fueron apoyadas por muchas organizaciones de la sociedad civil en todo el país”, se afirma en el documento.

Además del apoyo político y de la desaprobación de la actividad minera por el 90% de los costarricenses, se dice en el informe que las comunidades afectadas recibirán apoyo técnico y jurídico, de varias fuentes.

En el campo de la soberanía alimentaria, Amigos de la Tierra trae a colación otras dos experiencias interesantes. Una de ellas es la desarrollada en Colombia, por Amigos de la Tierra Colombia/Censat y Agrovida –organización ambiental–, que se orienta a la promoción de mercados locales en los que los campesinos pueden realizar trueque de sus mercaderías.

La idea surgió con el primer Mercado Ecológico Campesino, que tuvo lugar en la Universidad Industrial de Santander, ciudad de Málaga, en 2002. En esa ocasión, campesinos del planalto trocaron productos con campesinos de la planicie y pudieron iniciar alianzas para que los mercados continuaran en esa actividad.

Ahora, los productos son vendidos a los mismos precios que los productos no-orgánicos, y son enviados directamente a los consumidores, lo que los agricultores consideraron importante para facilitar el proceso de concientización. La buena idea se esparce y crece. En 2005, hubo una Reunión Nacional de Mercados Ecológicos, contando con la presencia de organizaciones de los departamentos de Cauca, Córdoba y Boyacá, y de la capital, Bogotá.

En Uruguay, la consigna es preservar las semillas criollas, con la Red de Semillas Nativas. Gracias a este trabajo, realizado hace varios años con el involucramiento de cerca de 120 productores, se producen semillas de cebolla, ajo, papa, fresa, avena, trigo, maíz, tomate, pimientos y muchas otras.

Esta acción ocurre gracias a una asociación de cooperación entre Amigos de la Tierra Uruguay/Redes, Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (Apodu), Fundación Pereira y el Centro Regional Sur (CRS) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.

"Esta labor se centra en formas colectivas de trabajo a pequeña escala, inclusive a través de la colaboración en los propios lugares de producción, dentro de modelos de producción familiar y también con productores que viven en otras partes pero viajan hacia las zonas de producción”, se detalla en el informe, agregando que cerca de 30 productores participan.

El informe ‘Derechos Comunitarios, Injusticias Empresariales' está disponible para ser descargado aquí: http://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/pdfs-por-ano/2011/derechos-comunidades/view.