En 1924, se promulgó en Perú una ley protegiendo el aborto terapéutico y por violación, garantizando que la práctica no puede ser penalizada. A pesar de ello, 88 años después el Estado todavía no publicó el protocolo que convierte al aborto terapéutico en una práctica legal. Por eso, organizaciones feministas como Demus, Manuela Ramos, Promsex, Católicas por el Derecho a Decidir y Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) están promoviendo una campaña por la aprobación inmediata del protocolo.

Las organizaciones quieren que el Ministerio de Salud (Minsa), del cual está al frente el ministro Alberto Tejada, apruebe el protocolo y termine con las más de 200 muertes anuales ocasionadas por la negación del aborto cuando las madres están en riesgo.

Los abortos en clínicas ilegales, o inclusive, la no realización del procedimiento coloca a Perú en segundo lugar –entre los países de América del Sur– con el más alto índice de mortalidad materna. En este país, estas muertes son ocasionadas, en primer lugar por hemorragias (60%) y en segundo por infecciones (13% de los casos). El aborto sólo aparece en cuarto lugar como causa de muerte materna (7%).

A pesar de esos datos, estudiosos de la salud y de los derechos de la mujer afirman que dentro de las muertes por hemorragias e infecciones están subregistradas innumerables casos de muerte por aborto. A causa de ello, se cree que un registro detallado podría identificar el aborto como la causa número uno de muertes maternas.

Una investigación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International, indica que se realizan 352 mil abortos por año, cálculo que indica que el 5% de todas las peruanas en edad reproductiva tienen probabilidad de hacerse un aborto.

En Perú, el aborto es ilegal y considerado un delito contra la vida. Los únicos casos en que la práctica no es penalizada se refieren a la interrupción para salvar la vida de la mujer o evitar un mal grave o permanente. Además, en la Ley de Salud hay una norma que obliga a los profesionales a denunciar casos en que existan indicios de aborto. Disposición que viola el principio de confidencialidad médico-paciente.

Igualdad de Oportunidades

Además de esta demanda antigua en favor del aborto terapéutico, los movimientos feministas piden la aprobación de la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (Ley nº 28983), publicada el 16 de marzo de 2007 y una de las promesas de campaña del presidente Ollanta Humala.

La legislación tiene como objetivo establecer el marco normativo institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio integral de sus derechos. La Ley nº 28983 se basa en principios fundamentales de igualdad, respeto a la libertad, dignidad, seguridad y vida, y además reconoce el carácter pluricultural y multilingüe de Perú.

También está pendiente la puesta en marcha del Plan de Igualdad de Género 2012-2017, que fue votado el año pasado, pero que todavía no salió del papel. Su aplicación, según las normas vigentes, es obligatoria y debe ser incorporada en todas las políticas y presupuestos de todos los sectores nacionales.

Este plan es el tercero a ser desarrollado en el país. Los primeros Planes Nacionales de Igualdad de Oportunidades fueron aplicados de 2000-2005 y de 2006-2010.

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Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com