Hasta hace pocos días, la mayoría de denuncias sobre discriminación que llegaban a las autoridades en el Perú provenían de personas que habían sido discriminadas debido a alguna discapacidad. Este fue el caso de Vilma Palma, la joven estudiante de un instituto tecnológico de Los Olivos, cuya denuncia motivó la primera condena penal por discriminación en el año 2009. La segunda condena se produjo el año pasado en Arequipa contra un chofer y un cobrador de combi que discriminaron a la señora Vilia Carrasco por la misma causal.

Es similar el caso de Edwin Béjar, el abogado invidente a quien el Consejo Superior de la Magistratura pretendió impedirle que postulara para el cargo de fiscal. Él presentó una acción de amparo y la Corte Superior del Cusco declaró fundada su petición. Ahora, desde hace dos años, se desempeña como juez.

En contraste, es mucho más difícil que se produzcan denuncias por otras causales de discriminación, como el racismo. La persona discriminada siente una experiencia humillante y dolorosa, que se revive cuando habla sobre ella, más aún si la denuncia a algún funcionario. Además, debido al mestizaje existente y la complejidad del racismo peruano, muchas personas realmente sólo se dan cuenta que pueden ser "cholos” cuando se les discrimina y este puede ser un descubrimiento paralizante. Denunciar implica asumirse como cholos nuevamente. La diferencia es marcada con las personas con discapacidad, quienes de manera permanente aceptan su condición y procuran enfrentarla.

Debido a estas dificultades para obtener denuncias, en años anteriores INDECOPI tuvo que generar operativos en locales racistas de Lima o Cusco con personas que simulaban ser clientes y así logró detectar y sancionar las prácticas discriminatorias.

Tampoco suele haber denuncias de las personas discriminadas por su orientación sexual o por ser portadores de VIH. En ambos casos el temor es que la denuncia genere más bien rechazo por parte de la sociedad. Mientras en los casos de Vilma Palma o Edwin Béjar, sus familias tuvieron un rol permanente de apoyo para enfrentar la discriminación, en los otros casos, se teme que la denuncia puede afectar negativamente la relación con la familia.

De esta manera, el silencio y la vergüenza de las víctimas contribuye a la impunidad de los discriminadores, como les ocurre también con quienes practican el bullying en los colegios, la violencia familiar, el acoso sexual o el hostigamiento laboral.

En el caso de Gótica, aunque desde el año 2009, varias personas señalaban que sus amigos, o familiares habían sido impedidos de ingresar, los directamente afectados preferían no denunciar lo ocurrido. Durante los años 2010 y 2011 varias personas de rasgos mestizos o andinos descubrieron que les habían cobrado hasta el doble que a los clientes más blancos, pero tampoco lo denunciaron.

Hace unas semanas, sin embargo, el silencio de las víctimas frente a las prácticas discriminatorias de Gótica se rompió, porque después que se le impidiera ingresar, Godfrey Arbulú denunció lo ocurrido a los medios de comunicación y a la Municipalidad de Miraflores, lo cual permitió que la discoteca fuera clausurada por siete días, generándose elevadas pérdidas para sus inescrupulosos propietarios.

Debe destacarse, además, que Arbulú pertenece a la población transgénero, a quienes comúnmente se les denomina travestis, personas que sienten que su identidad está asociada a un género diferente de su sexo biológico.

En el Perú, como en muchos países, esta búsqueda de identidad les genera muchos problemas en su vida cotidiana que suelen comenzar en el entorno familiar. Es frecuente también que la hostilidad que sufren les lleve a dejar el colegio. Por ello, son muchas las personas transgénero que migran a Lima cuando son adolescentes, sin tener documentos de identidad. Además, la mayoría desea que su DNI recoja su identidad femenina, pero para ello deberían llevar a cabo un proceso legal que les resulta muy costoso.

La falta de documentos y de educación origina un círculo vicioso de discriminación: no pueden conseguir trabajo formal y se sienten empujados a vivir en lugares muy precarios. La única salida que tienen muchas veces es la prostitución, con lo cual la discriminación se incrementa. En los años noventa Sendero Luminoso y el MRTA mataron a muchos travestis en distintas ciudades de la selva… y en esas localidades numerosas personas aprobaron estos crímenes.

Ahora bien, Godfrey Arbulú contaba con la protección de la Ordenanza 294 de la Municipalidad de Miraflores, que sanciona la discriminación por orientación sexual, pero una norma similar no existe en Barranco o San Isidro. Para enfrentar esta problemática, en el Congreso, el Proyecto de ley 756 establece que toda Municipalidad debe contar con una norma contra la discriminación. Además, es necesario incorporar al artículo 323 del Código Penal, que sanciona el delito de discriminación, las causales de orientación sexual e identidad de género.

Finalmente, cada persona discriminada que denuncia le abre el camino a muchos otros y así es como se avanza en la lucha contra las diferentes formas de discriminación.