GUATEMALA-COMUNICACIÓN

Continúan los allanamientos a radios comunitarias en Guatemala

En ese contexto, el relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, manifestó su preocupación ante el Gobierno guatemalteco por las constantes persecuciones a las emisoras comunitarias no autorizadas.

Mediante un comunicado, Frank La Rue se refirió a los allanamientos realizados a principios de mayo sobre las radios comunitarias Uqul Tinamit y Jun Toj de San Miguel Chicaj.

Estas operaciones realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público guatemalteco culminaron con el arresto del comunicador Brian Espinoza y el secuestro de los equipos de la emisora indígena, Uqul Tinamit.

Por su parte, La Rue consideró como un hecho lamentable utilizar el Derecho Penal para limitar la Libertad de Expresión de los Pueblos Indígenas de Guatemala y de sus medios de comunicación.

Además, el relator de Naciones Unidas recordó a las autoridades nacionales que la Ley General de Telecomunicaciones del país continúa sin contemplar la categoría de "medio comunitario de comunicación".

Por tal motivo, criticó la falta de avances en el Proyecto de Ley sobre radios comunitarias que se encuentra en el Congreso guatemalteco.

En ese sentido, señaló que la demora "violenta" el principio de diversidad y pluralismo que debe aplicarse a la Libertad de Expresión para garantizar la diversidad de medios y el pluralismo de ideas.

Por último, Frank La Rue llamó al Congreso de la República a tomar medidas legislativas para generar un balance equitativo entre medios comunitarios, medios comerciales y medios públicos de telecomunicación.

BRASIL-LEY

Dilma Rousseff vetó parcialmente la reforma del Código Forestal

El proyecto criticado por ambientalistas y representantes del Gobierno brasileño entró en vigencia este lunes tras la publicación de una medida provisional que sustituye 12 artículos de esa iniciativa vetados el pasado viernes por la Mandataria.

La medida será analizada por los parlamentarios brasileños, quienes tendrán un plazo máximo de 4 meses para aprobarla en su forma original o modificarla.

Durante ese período también podrán rechazar los vetos presidenciales a la reforma del Código Forestal.

Estas modificaciones habían sido aprobadas el pasado abril por el pleno de la Cámara de Diputados brasileña con 274 votos a favor, 184 en contra y 2 abstenciones.

Vale recordar que la iniciativa sancionada no se correspondía con la propuesta del oficialismo debido a que beneficiaba la tala ilegal y carecía de normas diferenciales para los pequeños agricultores.

Por tal motivo, Dilma Rousseff tachó 12 de los 84 artículos del Código Forestal por considerarlos "contrarios al interés público e inconstitucionales".

Sin embargo, grupos ambientalistas de Brasil exigen la anulación total de la norma. Señalan que el proyecto amenaza a la floresta nacional por favorecer la deforestación.

En ese sentido, el Comité Brasil en Defensa de las Florestas y del Desarrollo Sostenible calificó al veto parcial como "una decepción" para toda la población brasileña.

Por otra parte, sectores de la derecha brasileña manifestaron su rechazo al veto de la Mandataria y anunciaron que promoverán acciones ante el Supremo Tribunal Federal para objetar la decisión.

PANAMÁ-INDÍGENAS

Continúa protesta indígena en Panamá contra proyecto hidroeléctrico

Continuaron este fin de semana en Panamá las acciones encabezadas por representantes originarios del llamado Movimiento 18 de Mayo contra la instalación de la empresa hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará.

También rechazan los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional por parte de un sector de representantes indígenas sobre la instalación de la hidroeléctrica.

Se refirieron así la Coordinadora por los derechos del pueblo Ngöbe Buglé. Esta organización acordó el pasado marzo una salida negociada al conflicto por la instalación del proyecto Barro Blanco.

Por su parte, el grupo de ngöbes que se oponen a estos acuerdos iniciaron reuniones informativas en diferentes comunidades panameñas para explicar el motivo de su lucha y definir nuevas acciones de protestas.

Hasta el momento, un campamento de unos 30 indígenas del Movimiento 18 de Mayo se encuentra a pocos kilómetros de los terrenos de la empresa encargada de la construcción de la hidroeléctrica.

Esta medida busca defender las aguas del río Tabasará, una de las principales fuentes hídricas de la comarca Ngöbe Buglé.

Según los representantes de esta etnia, las obras para la instalación del proyecto Barro Blanco sobre el río Tabasará afectarán toda el área de la comunidad.

El campamento instalado se encuentra vigilado por la policía local. El pasado fin de semana se registraron algunos incidentes luego de que fuerzas antimotines intentaron desalojar por la fuerza a los manifestantes.