Este miércoles (13), Justicia Global y el Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (Pacs) difundieron dos artículos con el foco de atención puesto en los megaeventos que ocurrirán en Brasil los próximos años. En entrevista con Adital, Miguel Borba de Sá, del Pacs, esclarece por qué motivos todavía es necesario golpear en la misma tecla y conversar sobre los impactos de las obras y de las decisiones tomadas con miras a la Copa del Mundo de 2014 y las Olimpíadas de 2016.

Los textos fueron elaborados en cooperación con investigadores de universidades nacionales, la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, a fin de conversar sobre temas como la legislación de excepción creada para el período de los juegos de la Copa del Mundo y la falta de transparencia en el uso de recursos públicos para los megaeventos. En el transcurso de esta semana los artículos estarán disponibles en los sitios webs de las organizaciones.

"Es preciso intentar comenzar a romper la lógica del sentido común, divulgado por los grandes medios de comunicación, de que los megaeventos son totalmente benéficos, cuando en realidad causan grandes perjuicios, como las remociones de comunidades enteras hacia áreas periféricas y sin estructura básica. Los impactos son desiguales de acuerdo con el segmento y la clase social. Además, está faltando en los sitios oficiales la compilación de información sobre costos, valores de las renuncias fiscales y otros gastos”, esclarece.

Uno de los artículos, titulado "Legislación de Excepción en el Contexto de los Megaeventos Deportivos en Brasil”, levanta cuestiones sobre la polémica Ley General de la Copa y los demás proyectos de ley e iniciativas legislativas creadas para que Brasil pueda adaptar su ordenamiento jurídico a las necesidades y expectativas de los megaeventos y de sus organizadores.

A pesar de que algunos parlamentarios han defendido que los cambios en las leyes brasileras serían sólo "microrreformas”, lo que se ve hoy es la flexibilización de derechos sociales y garantías constitucionales, la invención de nuevos delitos para asegurar el monopolio de la explotación comercial de los eventos y la creación de una nueva estructura de regulación para posibilitar la implementación de esas medidas.

Merece un destaque especial el Proyecto de Ley (PL) del Senado nº 728 de 2011, también llamado ‘AI-5 de la Copa'. El PL prohíbe huelgas durante el período de los juegos y crea ocho tipos penales no existentes en el Código Penal, como "terrorismo”, "violación de sistema informático” y "reventa ilegal de ingresos”, con penas específicas para todos ellos. Provocar "terror o pánico generalizado” también es pasivo de castigo. El PL también crea el "dopping nocivo” y da apertura para que la Federación Internacional de Fútbol (Fifa) determine qué substancias pueden ser consideradas estupefacientes.

Por su parte, el artículo "Recursos Públicos, Apropiación Privada” se enfoca en los financiamientos para los megaeventos y parte de la pregunta: ¿Cuánto le cuesta la Copa del Mundo a Brasil?

Todo parece indicar que el valor real de inversiones públicas en las obras de la Copa no es de conocimiento ni siquiera del Estado brasilero. Según el artículo, la falta de una base de datos donde todos los gastos estén reunidos y las varias concesiones de exenciones fiscales son algunos de los factores que impiden a la población y al propio Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) saber cuánto será el gasto, efectivamente, de la Copa y las Olimpíadas. El documento también cuestiona la discrepancia entre gastos públicos y privados con obras como aeropuertos, puertos y estadios.

Además de los gastos en las obras que están visiblemente orientadas a los megaeventos, Miguel Borba cuestiona intervenciones que están siendo realizadas en las ciudades-sede y señala que algunas pueden haber salido del papel indebidamente. "¿Se puede decir que todas las obras que están siendo ejecutadas realmente tienen que ver con la Copa y las Olimpíadas? Muchas obras polémicas –como la remoción de comunidades–, a las que les resultaba difícil salir del papel, hoy están siendo ejecutadas bajo el pretexto de ser necesarias para los megaeventos”.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com