El jueves (21) por la mañana, matones camuflados como guardas de seguridad de la Haciendo Cedro, propiedad de banquero Daniel Dantas, dispararon contra un grupo de trabajadores rurales vinculados al MST en Eldorado de Carajás, en sureste de Pará, que efectuaban un acto político de denuncia de la apropiación ilícita de tierra pública, la deforestación ilegal, el uso intensivo de venenos en la zona y la violencia cotidiana contra los trabajadores rurales. Hasta el momento se ha confirmado que 16 trabajadores fueron heridos de bala, algunos de ellos permanecen en estado grave. No hay confirmación de muertes.
Aproximadamente 300 familias ya están acampadas en esta hacienda desde el 1º de marzo de 2010. En total, fueron 6 las fincas del grupo Dantas ocupadas por los movimientos sociales en el período. Aun cuando la entonces juez agraria de Marabá haya denegado la solicitud de medidas cautelares formuladas por el grupo Dantas en la época, el Tribunal de Justicia del Estado, desconoció la decisión de la juez y autorizó los desalojos de todas las familias.
A través de la mediación de la Oidoría Agraria Nacional, fue propuesto un acuerdo judicial ante el juzgado Agrario de Marabá, por el cual, los movimientos sociales, con el apoyo del INCRA, desocuparían tres granjas (Espíritu Santo, Castanhais, Puerto Rico) y las otras tres (Cedro, Itacaiunas y Fortaleza) serían expropiadas para el asentamiento de familias. El Grupo Santa Bárbara, que administra las haciendas del banquero, estuvo de acuerdo con la propuesta. Acto seguido, los 'Sin tierra' han desocupado las tres haciendas, pero el grupo de Santa Bárbara se ha negado a firmar el acuerdo.
Documento de la Comisión Pastoral de la Tierra y del Movimiento de los Trabajadores Rurales ‘Sem Terra' sustentan que la conformación de esta (Hacienda Cedro) y muchas otras tierras adquiridas por Grupo Santa Bárbara en el sur y sureste de Pará (en total, adquirieron más de 60 fincas sumando más de 500 mil hectáreas) proviene de una trama de ilegalidades históricos, incluyendo desalojos violentos, apropiación ilegal de tierras públicas, fraude en títulos de valores Aforamiento, destrucción de castañas, mano de obra esclava y práctica muchos otros delitos ambientales.
Ante todas estas ilegalidades y previendo un panorama de más injusticia, el MST exige la liberación inmediata de tres fincas para el asentamiento de las familias trabajadoras organizadas en los movimientos sociales; una audiencia urgente en el Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra) de Marabá; investigación de los crímenes que ocurren en el área; investigación inmediata por la policía de Pará, de
delitos cometidos contra los trabajadores.
Traducción: ricazuga51@yahoo.com
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