Miles de personas dentro y fuera del Perú han quedado estremecidas con el video en el que Marco Arana es detenido y brutalmente golpeado en la Plaza de Armas de Cajamarca. Y, lógicamente, muchos se han preguntado: si esto hace la policía en un lugar público, ante las cámaras de televisión, contra una persona premiada en el extranjero… ¿qué hará frente a quienes son menos conocidos? ¿Qué hará cuando no hay prensa cerca?

Podrían contestar al respecto los serenos de la Municipalidad de Espinar. A ellos, parece que la policía los habría torturado en las instalaciones de la empresa Xstrata para obligarlos a declarar que el Alcalde Oscar Mollohuanca los ordenó llevar bombas molotov a los manifestantes en la camioneta de la Municipalidad.

La salvaje detención de Marco Arana fue una de las muchas situaciones dolorosas en la semana más letal del gobierno de Ollanta Humala. El martes 3, una turba de trabajadores de construcción civil atacó violentamente la Municipalidad de Celendín y la respuesta indiscriminada de la policía originó las muertes de Eleuterio García Rojas, José Faustino Silva Sánchez, José Antonio Sánchez Huamán y César Medina, que tenía solamente 16 años. Al día siguiente, el 4 de julio, se produjeron nuevas protestas en Bambamarca y la policía mató a Joselito Vásquez Jambo.

Todo Estado tiene el derecho y la obligación de cuidar el orden y el respeto a la propiedad pública y privada. Sin embargo, bajo el gobierno de Humala se ha hecho la regla disparar a quienes protestan, como ocurrió en Cusco, Cañete, Puerto Maldonado, Sechura y Paita, y hacerlo de forma tan indiscriminada que muchos de los fallecidos eran personas ajenas a las manifestaciones. En once meses, los excesos policiales ya han causado más muertes que en los cinco años del gobierno de Toledo.

En Cajamarca, además, las fuerzas de seguridad actúan como si todos los ciudadanos fueran sus enemigos. Esto ya sucedió en Ayacucho en los años ochenta y más recientemente, en Arequipa en el 2002, bajo el gobierno de Toledo y en Bagua en el 2009, durante el régimen de García. La policía llama perros a los cajamarquinos, apunta a los vecinos que están en sus casas, arroja al suelo ollas con comida, dispara contra adolescentes desarmados, desnuda a periodistas, irrumpe en un funeral… Como resultado, la población ya no rechaza solamente a Yanacocha, sino al propio gobierno, lo que no le ocurrió a Fujimori, Toledo o García, quienes evitaron respaldar a la empresa de forma tan visible y tan brutal.

En Cajamarca y también en Espinar, las autoridades parecen perder todos los escrúpulos: la reiterada práctica de tortura, la siembra de pruebas contra la Vicaría de Sicuani y la Municipalidad de Espinar, la golpiza a Genoveva Gómez, abogada de la Defensoría del Pueblo en la misma comisaría donde golpearon a Marco Arana, el bloqueo de fondos públicos, el realizar los juicios en lugares alejados. Entretanto, en Lima, los Ministros y el propio Presidente niegan los crímenes y difaman a las víctimas. Es verdad que este era el comportamiento de las autoridades peruanas frente a las violaciones de los derechos humanos en los años ochenta, pero ahora los abusos se cometen para respaldar empresas privadas como Newmont o Xstrata, que se sienten así totalmente envalentonadas.

Paralelamente, muchos limeños sienten que las personas que protestan son una amenaza para su bienestar y justifican toda práctica represiva. Ni siquiera hay indiferencia frente al sufrimiento de las víctimas, como si estuvieran convencidos de que en el Perú unos deben resignarse a sufrir para que otros puedan disfrutar. Es penoso decirlo, pero es la misma mentalidad que imperó durante el conflicto armado. Al día siguiente de las muertes de Espinar, un programa cómico de una radio limeña se burlaba de lo sucedido, imitando el acento andino y la ignorancia de los campesinos.

La mayoría de medios de comunicación limeños han tenido un rol perverso, presentando solamente las protestas violentas y quitándoles todo fundamento racional. Con frecuencia señalan que las protestan "causan muertos”, aunque todos los muertos han sido causados por la policía. Inclusive a Marco Arana, que ha recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos, la distinción de Héroe Ambiental de la revista Time y el Premio Internacional de la Paz de Aquisgrán es presentado como un agitador violentista.

Los grupos de poder económico y sus seguidores en la prensa y el gobierno parecen convencidos de que es necesaria más represión para promover las inversiones. ¿Será que la violencia del gobierno actual recién empieza? ¿O será que todavía es posible recapacitar y optar por la defensa de la vida?

Yo espero que esto último suceda, pero sé que nada podrá hacer reparar el daño causado a tantas familias que han perdido a sus seres queridos y que hace un año votaron por Ollanta Humala, igual que lo hice yo.