Defensores mexicanos de la libertad en Internet se preparan para resistir la decisión del gobierno de su país de firmar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). Solicitarán al presidente electo, Enrique Pena y al Senado que desistan del proceso de adhesión al ACTA, porque sus disposiciones entrañan riesgos para la privacidad de los usuarios, la libertad de expresión y el acceso universal a Internet.

"Vamos a insistir en que no se ratifique por parte del Senado, por ser un intento de controlar la red, y que, al mismo tiempo, se escuche a los creadores, se elabore una iniciativa nacional para modificar leyes de propiedad intelectual para proteger los legítimos derechos de los autores", dijo a IPS la presidenta del no gubernamental Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel), Irene Levy.

De hecho, el ACTA viene generado toda suerte de resistencias fuera de México. El 4 de julio, el Parlamento Europeo le bajó el pulgar, por considerarlo violatorio de derechos fundamentales. La sesión que acabó rechazando el ACTA se saldó con 478 votos contra el tratado, 39 a favor y 165 abstenciones.

El tratado busca establecer un marco legal internacional para combatir la falsificación de bienes y medicamentos genéricos y las infracciones a los derechos de patente en Internet. Si entra en vigor crearía un nuevo órgano de gobierno intergubernamental, distinto de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización de las Naciones Unidas.

El ACTA abarca propiedad intelectual, derechos de autor, marcas comerciales, indicaciones geográficas o denominación de origen, diseños industriales, patentes, esquemas de configuración de circuitos integrados, protección de información no divulgada y secretos comerciales. IPS reveló en 2010 que México se había sumado a las negociaciones.

El tratado establece la vigilancia fronteriza del tráfico de información y obliga a los proveedores de servicios de Internet a controlar la transferencia de datos por la red.

"La parte más importante a retomar sería una agenda que incluya todas las voces involucradas, crear un esquema legal que proteja a todos y no solo a la industria del monopolio cultural", dijo a IPS el encargado de comunicaciones de la oficina mexicana de organización no gubernamental Artículo 19, Antonio Martínez, que se dedica a promover la libertad de expresión.

El gobierno de México ignoró los resultados de los debates del Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento al Proceso de Negociaciones del ACTA, del que participaron senadores, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

En junio de 2011, el Senado mexicano ya lo había rechazado, pues violaba leyes mexicanas, contravenía disposiciones jurídicas vigentes, establecía posibles limitaciones al acceso universal a Internet que agravarían la brecha digital, y entrañaba el peligro de censura a los contenidos de la red, que limitarían su libre funcionamiento y neutralidad.

Con anterioridad, en noviembre de 2010, la estatal Comisión Federal de Telecomunicaciones expuso que el ACTA podría desalentar la expansión de Internet, amenazar la privacidad de los usuarios y frenar el avance de la agenda digital.

Pero al suscribir el ACTA, Calderón obliga a los futuros poderes Ejecutivo y Legislativo electos, a retomar el debate sobre su pertinencia.

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