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10.08.12 - Perú
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BRASIL-MUJERES

Gobierno brasileño firma compromiso contra la violencia de género

La Secretaría de Políticas para la Mujer de Brasil firmó un compromiso para combatir la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. Fue al cumplirse 6 años de sancionada la llamada Ley Maria da Penha.

La iniciativa responde a los datos publicado por el Mapa de Violencia 2012. Se trata de un documento que describe las características evolutivas de los homicidios en Brasil, durante los últimos 30 años.

El Mapa de la Violencia es realizado en conjunto por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos.

Según el informe, el número de femicidios fue de 43 mil durante la última década. Esto representa una aumento del 230 por ciento en la cantidad de muertes.

Durante el primer año de vigencia de la Ley Maria da Penha, las tazas cayeron levemente volviendo a incrementarse antes de 2010.

La cifra igualó al mayor número de femicidios registrado en el país. Fue en 1996, cuando la cifra de asesinatos pasó de 2 mil 300 a 4 mil 600, cada 100 mil mujeres.

Vale recordar que la Ley 11 mil 340, llamada Ley Maria da Penha, fue sancionada el 7 de agosto de 2006 por el entonces presidente brasileño, Lula da Silva.

Esta normativa impulsada por la defensora de los derechos de las mujeres, Maria da Penha Maia Fernández, otorga un aumento en las puniciones a las agresiones contra la mujer, cuando ocurriesen en el ambiente doméstico o familiar.

El Mapa de La Violencia señala que en ese ámbito es donde ocurren la mayor parte de las situaciones de violencia de género.

PARAGUAY-TIERRAS

Campesinos sin tierra se reunieron con el Presidente designado de Paraguay

Federico Franco informó este jueves que su gobierno iniciará la compra de latifundios para los campesinos. Fue en respuesta a una iniciativa de este sector, que había anunciado una toma de tierras durante esta semana.

Los dirigentes campesinos se comprometieron durante el encuentro a no realizar acciones de fuerza si el Ejecutivo paraguayo cumple con su propuesta de compra de tierras.

Por su parte, el actual presidente de ese país, Federico Franco, pidió al campesinado integrante de la Comisión Santa Lucía de la región de Ñacunday que respete la propiedad privada.

En ese sentido, la comitiva encabezada por el líder campesino, Federico Ayala, otorgó un plazo al Ejecutivo para que gestione la compra de tierras.

Vale recordar que previo al encuentro con el Gobierno, los campesinos habían anunciado la toma de unas 15 mil hectáreas consideradas como "mal habidas".

Este viernes vencía el plazo para negociar la decisión de ocupar estos terrenos en poder del empresario brasileño, Tranquilo Favero.

Tras acceder al diálogo para frenar la iniciativa de protesta, el Gobierno pidió a los campesinos que presenten una solicitud formal para la compra de tierras.

Según la administración paraguaya, el Estado iniciará tras la presentación de este documento los trámites necesarios para la adquisición de los terrenos reclamados.

Vale decir que miles de campesinos paraguayos viven en carpas mientras continúan su reclamo por tierras para vivir y trabajar. Muchos de esos terrenos reclamados fueron entregados a latifundistas durante la dictadura paraguaya.

ECUADOR-FALLO

CIDH falla contra Ecuador por concesión petrolera sin consulta previa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado ecuatoriano por otorgar, dos décadas atrás, una concesión petrolera en territorio indígena sin realizar una consulta previa a sus habitantes.

La concesión había sido otorgada en 1996 a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) para explotar territorios pertenecientes a la ecuatoriana comunidad indígena Sarayaku.

Según la CIDH, las labores de la compañía afectaron derechos elementales de esa comunidad y pusieron en peligro la integridad del pueblo.

La comunidad originaria había demandado al Estado ecuatoriano en 2003 por la actividad de la empresa en sus territorios. En 2010, Ecuador canceló el contrato de la petrolera.

Tras una década de litigios, la CIDH resolvió el pasado miércoles sancionar al Estado ecuatoriano por haber permitido la actividad de la compañía sin realizar una consulta previa a la comunidad Sarayaku.

Por tal motivo, Ecuador deberá pagar casi 1 millón y medio de dólares a dicha comunidad amazónica y organizar un "acto público de reconocimiento" de su responsabilidad en el caso.

La CIDH también ordenó al Estado ecuatoriano retirar los explosivos instalados en territorio originario. Además señaló que el país sudamericano violó la propiedad comunal indígena y su identidad cultural.

Por otra parte, la sentencia expresa que el Estado deberá consultar a la comunidad Sarayaku ante futuros proyectos de extracción de recursos naturales en su territorio.

En ese sentido, el presidente del pueblo Sarayaku, José Gualinga, manifestó que el fallo de la CIDH representa un instrumento jurídico para comenzar a respetar la decisión de los pueblos indígenas ante los proyectos extractivos en América Latina.

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