Después de graduarse como abogado en el año 2006, Edwin Béjar se incorporó a la Defensoría del Pueblo y estuvo a cargo de la oficina de Puerto Maldonado. Actualmente trabaja en la sección de asuntos coactivos de la Municipalidad del Cusco y a mediados de julio, postuló a una plaza en el Ministerio Público. Sin embargo, no fue admitido al examen previsto y, al día siguiente, recibió un oficio del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se indicaba que una persona invidente no podía ser magistrado.

Si bien todas las formas de discriminación reflejan prejuicios e ignorancia, la discriminación a las personas con discapacidad implica además desconocer los enormes esfuerzos que éstas realizan para sobrellevar los mayores retos que la vida les ha puesto.
Actualmente, se sabe que la discapacidad no implica anular a una persona: la sordera, el síndrome de Down o perder una mano o un pie de ninguna manera impiden realizar actividades laborales, practicar deportes o llevar una vida afectiva. Leyes como la 27050 y la 28683 buscan dar mayores facilidades a las personas con discapacidad en la vida cotidiana, especialmente en temas como la educación, el empleo y la posibilidad de movilizarse en calles e instituciones. Sin embargo, con mucha frecuencia no se cumplen a cabalidad.

Además, un serio problema en el Perú es que una silla de ruedas, una terapia de rehabilitación o un audífono de última generación tienen un costo imposible de asumir para muchas familias. Debe además señalarse que la discapacidad está más presente entre los pobres, pues los problemas de salud no suelen ser tratados oportunamente: por falta de recursos una afección a la vista o un accidente de tránsito puedan derivar en una discapacidad permanente. Como en un círculo vicioso, la precariedad en que viven hace también más frecuente los accidentes.  En las zonas rurales, la situación de una persona con discapacidad simplemente desoladora.

Es verdad que existen instituciones benéficas y personas solidarias: la semana pasada conocí a John Estela, que perdió una pierna por los disparos de la policía en Bagua y ahora está siendo rehabilitado gracias a CEAS. Otro ejemplo fue el programa Libro Hablado, en el que, durante varios años, decenas de estudiantes de la Universidad Católica, leyeron y grabaron libros y separatas para sus compañeros invidentes.

Sin embargo, acciones como éstas tienen un alcance limitado frente a las múltiples demandas de millones de peruanos con discapacidad. Por todo ello son fundamentales las políticas públicas. Sin embargo, las autoridades suelen comportarse como si los discapacitados no existieran. Por ejemplo, ni siquiera en los noticieros de la televisión estatal existen intérpretes que empleen lenguaje de señas. Pareciera que las autoridades peruanas son quienes padecen la mayor discapacidad: no pueden ver las necesidades de los discapacitados ni escuchar sus demandas.

Otra muestra son las barreras arquitectónicas en edificios y veredas. En Lima, las rampas para las sillas de ruedas siguen pareciendo un privilegio de los distritos más acomodados, mientras en el resto de ciudades peruanas es casi imposible que transite una persona con discapacidad (o cualquier otro ciudadano, como pude comprobar hace unos días sorteando hoyos, desniveles y zanjas en las “veredas” de Pucallpa). Un amigo de Abancay me dice entristecido: “Hace unas semanas una fundación le regaló sillas de ruedas a veinte discapacitados, pero las veredas son tan angostas y hay tantos obstáculos que ninguno las podrá usar”.

En el caso de Edwin Béjar, la discriminación que ha sufrido por parte del Consejo Nacional de la Magistratura es especialmente grave, porque actualmente han sido derogadas las anacrónicas restricciones de la Ley Orgánica del Poder que Judicial impedían a los ciegos ser magistrados. Los invidentes actualmente no sólo cuentan con el sistema Braille y libros hablados, sino con programas de computadora que leen lo que aparece en una pantalla y permiten estudiar leyes y expedientes sin mayores inconvenientes.
Al parecer, el CNM desconocía que la 5º de la reciente Ley de Carrera Judicial dispone que debe acreditarse si la discapacidad impediría el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, lo que en este caso no se cumple, como demuestra el hecho que en muchos países existen jueces (y alcaldes o ministros) ciegos.

Debemos añadir que la discriminación por discapacidad es un delito contemplado en el artículo 323 del Código Penal. El pasado 11 de junio cuatro profesores de Los Olivos precisamente fueron sentenciados por discriminar a una joven con discapacidad motora. Al CNM sólo le queda permitir al doctor Béjar postular… y admitir que desconocía las normas vigentes.

Vanesa Thorsen, una abogada invidente, suele repetir una frase que grafica los problemas de los peruanos con discapacidad. “Las barreras arquitectónicas son un problema serio, pero el principal obstáculo que tenemos nosotros son las barreras mentales que tienen muchas personas e impiden comprender nuestras necesidades”.