En Europa, países como Portugal y España tienen en su legislación de combate al Tráfico de Seres Humanos con fines de explotación sexual, una oferta de subsidios a las víctimas de ese delito que cooperan con la justicia en el sentido de denunciar a los traficantes. La protección especial es una garantía que el gobierno del país de destino, donde están las víctimas, da a cambio de informaciones y pruebas a fin de desarmar la red delictiva.

De manera general, el Tráfico de Personas con fines de explotación sexual en los dos países se caracteriza cuando una persona es atraída por medio de falsas promesas de trabajo hacia el exterior y, al llegar al lugar, se ve prisionera de traficantes que la obligan, a través de amenazas y chantajes, a prostituirse o prestar servicios sexuales en condiciones de esclavitud.

Los documentos de las víctimas del tráfico son retenidos por los traficantes y sus ganancias son substraídas. Además, pueden sufrir estupro y también se les impide volver a su país de origen. En España el hecho es considerado delito, inclusive cuando la persona haya deseado ejercer la prostitución en el país.

En el caso de España y de Portugal no se ofrece ningún ‘Período de Tolerancia’ para las víctimas. Este período disponible en algunos países tiene como finalidad dar a la persona un tiempo para decidir si desea cooperar o no con las autoridades, proporcionando informaciones y pruebas sobre el delito de que fue víctima.

La Protección Especial del gobierno es concedida cuando la víctima ofrece pruebas del crimen organizado de que fue víctima. En España, la víctima que coopera podrá obtener visa de permanencia y de trabajo por 1 año, así como auxilio para la integración social.

En Portugal, la víctima que no tenga visa de residencia, podrá obtenerla si denuncia a los delincuentes y coopera con las investigaciones, además de participar del programa de protección a los testigos. Mientras la víctima colabore con las investigaciones podrá fijar su residencia temporaria, que es válida solamente hasta la conclusión del proceso judicial. Y quien no ofrezca pruebas y no disponga de visa de residencia deberá dejar el país.

Si optan por dar informaciones, las víctimas reciben, durante el proceso judicial, beneficios sociales que permitan su manutención mientras están bajo protección, sin trabajo y en situación de riesgo. Básicamente, los beneficios incluyen habitación, alimentación, asistencia jurídica, atención médica y psicológica y apoyo para volver al país de origen. En Portugal, el trabajo está permitido mientras dure la colaboración de la víctima con las autoridades locales.

Si la víctima decide no cooperar con la justicia, las autoridades pueden suspender el permiso temporario de estadía o residencia, deportándola a su país de origen. En algunos casos la autorización de permanencia en el país de destino después del final de las investigaciones está permitida cuando la repatriación signifique riesgos para la persona traficada.

En España, cuando la víctima está en situación ilegal, pero su testimonio fuere considerado relevante para las investigaciones, ella permanecerá en el país sin sufrir procesos administrativos. Sin embargo, si no ofrece pruebas a las autoridades la víctima será obligada a dejar el Estado.

De acuerdo con la legislación de Portugal, si la víctima hubiere incurrido en la práctica del delito o actividades ilegales, será sometida a sanciones judiciales. Pero si prueba que su conducta fue provocada como consecuencia del tráfico de personas, podrá librarse de sufrir castigo.

El primer paso para conseguir la protección especial es buscar los Centros de Apoyo que realizan la atención en secreto y sólo envían la denuncia recibida mediante la autorización de la víctima. La asistencia a las víctimas del tráfico de personas es una determinación del Protocolo de Palermo, aprobado en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fuente: www.trama.org.br

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com