Para Aída García-Naranjo, Ministra de la Mujer de Perú, dadas las altísimas tasas de violencia y muerte de mujeres que ostenta el país, no debe haber solo un día dedicado a la no violencia contra la mujer. Por eso el 25 de noviembre marcó el inicio de una campaña permanente que abarcará muchos frentes, desde las políticas de Estado hasta la sensibilización de la sociedad civil. Su primer objetivo será terminar con la impunidad de la que hoy gozan los feminicidas, a los que se les aplica un máximo de seis años de cárcel que, con beneficios carcelarios se convierten en dos "y luego salen a seguir matando o violentando mujeres", dice. En la presente entrevista explica los pasos que viene dando para lograrlo y, de paso, anuncia una serie de medidas para sensibilizar a la población sobre la violencia contra las mujeres e ir cerrando la brecha de género en diversos campos, de modo que, al término de los cinco años del actual gobierno que se inauguró el pasado 28 de julio, la inequidad sea mucho menor.

¿Cuál es el planteamiento central de su propuesta sobre el feminicidio?

Existe una percepción equivocada, pues se piensa que estamos planteando una ley de feminicidio y en realidad estamos pidiendo algo mucho más simple: la modificación de un solo artículo del código penal, el 107, que busca tipificar el feminicidio, desvincularlo del genérico parricidio que se usa ahora y aumentar las penas por este delito de seis años -que es actualmente- a 15 años. Debemos velar para que, de una vez por todas, la tipificación de feminicidio se dé.

¿Cómo garantizar que ahora el Congreso sí apruebe esa modificación y no suceda lo que pasó en setiembre que fue archivada?

Como resultaba imposible que el Congreso lo hiciera, porque la propuesta fue archivada, recurrimos a otro mecanismo: el Ministerio de la Mujer (MIMDES), haciendo uso de su derecho a la iniciativa legislativa, presentó una propuesta al Consejo de Ministros (la cual fue aprobada por unanimidad el viernes 25, Día de la no Violencia contra la Mujer y remitida como anteproyecto de ley al Congreso, N. de R.). Para mí, aprobar esta tipificación es fundamental, porque el propio Presidente de la República, cuando me invitó a ser ministra de Estado, me planteó los temas que serían fundamentales para el ministerio y entre ellos estaba el feminicidio. Y tengo el objetivo de que esta vez sí se concrete.

Tipificar el feminicidio es algo importante desde el punto de vista legal. La otra parte es sensibilizar a la población sobre esa lacra social que es la violencia contra la mujer.

Eso es muy importante. Creemos que una penalización mayor por el feminicidio tendrá un carácter disuasivo y en sí mismo constituirá un punto de sensibilización a la población, alertando que el problema es tan grave que necesita una sanción mayor que otros homicidios. Pero, indudablemente, una solución punitiva no es toda la solución. He planteado que el Día de la No Violencia contra la Mujer no sea una campaña de un día, sino de todo el año. Todos los días deben estar libres de violencia contra la mujer y así lo vamos a difundir en los medios, en las escuelas, en las organizaciones femeninas y en los centros de trabajo con predominancia masculina. Hemos incorporado a esta campaña a personajes públicos de diversos ámbitos: artísticos, culturales, deportivos. El 25 de noviembre de 2011 es el inicio de una nueva campaña que involucra a toda la sociedad civil, al Estado y al conjunto de organizaciones para hacer una campaña distinta.

Si involucra al Estado y a la sociedad civil, ¿esa campaña será de vasto alcance; es decir, incluyendo diversas acciones y políticas públicas?

Estamos por concretar acuerdos para un convenio marco con el Ministerio de Trabajo con vistas generar una inclusión laboral para las mujeres que sufren violencia, porque muchas veces las víctimas de violencia están condicionadas por su absoluta dependencia material, que las lleva a vivir con un sujeto sistemáticamente agresor. La autonomía económica de una mujer modifica las relaciones de poder y es un tema fundamental sobre el cual estamos ya trabajando. Otra medida que se ha tomado es la obligatoriedad del Sistema Integral de Salud de atender gratuitamente a las mujeres que han sido víctimas de violencia; eso hace además que los hospitales lleven un reporte de aquellas mujeres que están siendo objeto de situaciones de violencia. En el MIMDES tenemos una línea de emergencia que desde su lanzamiento ha atendido miles de casos y mediante la cual se hace también una labor de sensibilización directa, porque quienes llaman son víctimas. Igualmente hay otros elementos importantes, más estructurales, que tienen que ver con la educación en la escuela, en la casa, en la comunidad, que dependen de todos nosotros, del Estado, de la sociedad civil.

¿Qué siente Aída García-Naranjo cada vez que se entera de un nuevo feminicidio o de un nuevo caso de violencia extrema contra una mujer?

Ya no siento dolor, ahora siento rabia. Siendo un drama monumental; pareciera que no terminamos de tomar conciencia que en el Perú mueren por esta causa 11 mujeres cada mes. Y esto me altera, no me deja tranquila y por eso quiero sacar esa ley sí o sí, llevar adelante campañas que no sean tan solo de un día, porque resulta insuficiente. Además, hay un aspecto más dramático sobre el cual también quiero llamar la atención: a los deudos, hija, hijo, abuela, madre, de la víctima de un feminicidio, se les repara con 800 soles (aproximadamente 298 dólares), lo cual resulta inaceptable y hasta ofensivo.

¿Qué habrá cambiado en la situación de la mujer peruana al cabo de cinco años de gobierno?

Habremos avanzado en cerrar la brecha de inequidad. En lo político vamos a plantear, en los próximos días, la alternancia de género con el 50 por ciento de representación; es decir, no estamos planteando cuotas, sino una democracia paritaria 50-50; también, la presencia de las mujeres en los consejos de coordinación regional: hay ordenanzas de género que han sido promulgadas, pero no existe una ley que garantice que las mujeres estén presentes igual que los varones en la discusión de los presupuestos participativos y de los planes de desarrollo concertado. También tenemos iniciativas en materia de derechos económicos, culturales y sociales que iremos proponiendo e implementando con miras a ir cerrando la brecha de inequidad en cada uno de los sectores. También creo que, al final del gobierno, habremos recuperado, como MIMDES, el rol rector de las políticas públicas de equidad de género y de los principales segmentos de la población.