Desde que se tipificó la trata de personas, en 2005, solo se han expedido en el país tres sentencias condenatorias en el campo de la explotación laboral y dos por fines ilícitos, lo que se explicaría en que ese tipo penal, calificado de lesa humanidad, sigue siendo en el país un problema "invisible" o "tolerado" socialmente.

Esta cifras y esas reflexiones fueron mencionadas ayer en un seminario dirigido a periodistas por parte del Ministerio del Interior, que desde enero ha puesto a funcionar la Unidad contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

"Estamos, en cierta manera, en observación por organismos internacionales. No llegamos aún a cumplir con estándares (internacionales) mínimos", dijo Diego Falconí, funcionario del Ministerio.

Esos estándares mínimos se refiere, inicialmente, a que en el país no hay una legislación que penalice acorde con esas referencias o que reglamente las acciones del Estado, de tal manera que se definen sus políticas. En el campo de la penalización, hay una propuesta específica dentro del proyecto de Código Integral Penal, remitido a la Asamblea Nacional. En ese cuerpo se ha fijado penas que en un sistema acumulativo van de 19 años a 35 años.

Fuente: http://www.hoy.com.ec