El dirigente sindical hondureño y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA, Carlos H. Reyes, representó a la Regional Latinoamericana de la Internacional durante el desarrollo de la Audiencia Pública y el Seminario Internacional sobre la situación de derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, que se llevó a cabo del 28 al 30 de mayo en la ciudad de Tocoa. Sirel conversó con él sobre esta importante experiencia.

-¿Cómo evalúas estos días de intenso trabajo en el Bajo Aguán?

-Ha sido una experiencia muy importante durante la cual no sólo pudimos escuchar y conocer más a fondo todo lo que los campesinos y campesinas organizadas del Bajo Aguán sufren a diario en cuanto al total irrespeto de sus derechos humanos fundamentales, sino que ampliamos la reflexión y el análisis sobre lo que se está viviendo en todo el país.

En este sentido, se analizó también la situación de los derechos humanos después de casi tres años del golpe de Estado y se compartieron experiencias y procesos que se están desarrollando a nivel local, nacional, regional e internacional sobre la defensa de los derechos humanos de las comunidades campesinas.

-Durante tu intervención en el Seminario subrayaste la importancia de que la comunidad internacional siga monitoreando la situación de Honduras

-Es fundamental. Con el secretario Regional de la UITA, Gerardo Iglesias, estuvimos en las oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y más recientemente nos reunimos con personal de la Cancillería y diputados de Suiza para expresarles nuestra preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.

Hay un deterioro constante debido a las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado que han sido penetrados por el crimen organizado. Toda Honduras, y de manera especial el Bajo Aguán, vive una situación de Estado fallido, y esto está siendo usado por los poderes fácticos del país para exigir una mayor intervención extranjera y la consecuente pérdida de soberanía.

La comunidad internacional sigue sin mirar hacia a Honduras, y esto es muy preocupante. Debemos exigir mayor atención a lo que ocurre en el país y al mismo tiempo, activarnos como Frente de Resistencia para ser un interlocutor válido ante estas problemáticas.

-¿Qué impresiones te llevas del conflicto agrario que se ha desatado en el Bajo Aguán?
-Es evidente que se trata de un asunto que requiere soluciones políticas que resuelvan las causas del conflicto, o sea la forma de tenencia de la tierra y la falta de acceso a ella para la inmensa mayoría de la población. Los efectos de esta situación los hemos visto y escuchado a través de la voz de las víctimas y sus testimonios de violencia y terror.

-Además, hay una falta total de institucionalidad y reina la impunidad…

-Lo dijo muy bien la presidenta de la Audiencia Pública, la ex comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) María Silvia Guillen, cuando expresó que si hubiese institucionalidad en el Bajo Aguán no habría necesidad de realizar un evento como éste.

-La Rel-UITA fue parte de este importante evento…

-En calidad de miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA me pidieron representar a la Regional en este Seminario, y para mí fue una gran experiencia y un honor. La Rel-UITA ha sido parte activa de todo este proceso de monitoreo, acompañamiento y denuncia de la situación en el Bajo Aguán, al lado de las comunidades campesinas. Me parece muy importante y necesario seguir con este compromiso asumido junto con las otras redes y organizaciones internacionales.

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Honduras
MUCA se moviliza y responde a Facussé. Terrateniente confirma amenaza de desalojos masivos
Por Giorgio Trucchi –LINyM

El terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, volvió a amenazar con desalojar a miles de familias campesinas pertenecientes al Muca (Movimiento Unificado Campesino del Aguán), si antes del 31 de mayo próximo el Ina (Instituto Nacional Agrario) no le paga las más de 4 mil hectáreas de tierras donde están asentadas esas familias en el Valle del Aguán, al noreste de Honduras, al tiempo que rechazó cualquier tipo de nueva negociación con el Ejecutivo.

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"Me pidió (Porfirio Lobo) que le vendiera 3 mil hectáreas a los campesinos y más bien terminamos vendiéndoles más de 4 mil. Aceptamos vender las propiedades a precios irrisorios, 50 por ciento por debajo del valor de avalúo. ¿Qué es lo que queda por negociar?”, dijo el también presidente del Grupo Dinant.

En sus declaraciones a medios nacionales, el principal productor de palma africana del país tildó de "invasores” a los miembros del Muca y aseguró que el 1 de junio presentará órdenes de desalojo de las siete fincas que fueron objeto de negociación con el gobierno.

"Ese día verán las acciones que tomaremos al respecto, la situación económica de la empresa producto de esta situación no nos permite poder prolongar el tema por mucho tiempo”, sentenció el empresario quien fue señalado por las organizaciones campesinas como uno de los principales responsables del grave conflicto agrario que se vive en el Bajo Aguán, y que ha dejado un saldo de 48 campesinos organizados asesinados en poco más de dos años y medio.

"No cabe la menor duda de que los terratenientes y los sectores que dieron el golpe de Estado quieren arremeter contra el movimiento campesino que lucha para tener acceso a la tierra, y sabemos que cuentan con el apoyo de los tres poderes del Estado y de los cuerpos represivos del Estado.

Sepa el señor Facussé que las organizaciones campesinas estamos unidas para poder seguir emprendiendo esta lucha de forma decidida e indefinida, y para recuperar la totalidad de las tierras que son parte de la Reforma Agraria”, manifestó Yoni Rivas, secretario general del Muca.

Según él, el gobierno y los empresarios palmeros deben respetar el acuerdo firmado el abril de 2010, que prevé la entrega de unas 11 mil hectáreas de tierra a un costo que diferentes instituciones del Estado¹ calcularon en 96 mil lempiras por hectáreas (4.9 mil dólares). Un valor mucho más bajo de lo que Facussé impuso a capa y espada en una nueva negociación en junio de 2011, y que quedó establecido en 135 mil lempiras por hectáreas (7 mil dólares).

"Estamos haciendo un llamado a miles de familias campesinas para que entren en el proceso de recuperación de tierras. Si el señor Facussé pierde la paciencia, en un futuro muy cercano podría estar perdiendo la totalidad de la tierra, porque la población del Bajo Aguán está más que decidida a defender el derecho a tener acceso a la tierra”, aseguró Rivas, quien desde ya responsabilizó a las instituciones del Estado y a Miguel Facussé por lo que pueda ocurrir al vencer el ultimátum dado por el terrateniente.

El próximo viernes 1 de junio, el Muca anunció una gran movilización en la ciudad de Tocoa para exigir el cumplimiento de los acuerdos de abril de 2010 y rechazar el chantaje de Miguel Facussé. "Va a ser una movilización pacífica para reafirmar nuestro derecho a la tierra, así como para exigir al Congreso la aprobación de la propuesta de Ley de Transformación Agraria Integral presentada en 2011”, concluyó el dirigente campesino.

Nota:

(1) Ministerio de Finanza, Instituto Nacional Agrario, Procuraduría de la República y el Tribunal Superior de Cuentas

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Seminario Internacional sobre derechos humanos en el Bajo Aguán

Intercambios, análisis y propuestas animaron la actividad

Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA

Con el objetivo de analizar la situación de los derechos humanos después de casi tres años del golpe de Estado, así como de compartir y analizar los procesos locales, nacionales, regionales e internacionales sobre la defensa de derechos humanos de los campesinos y campesinas, se realizó en Tocoa, Colón, el Seminario Internacional sobre la situación de derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán.

Galería fotográfica del Seminario

© Fotos Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Las fotos se pueden reproducir añadiendo los créditos
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