De acuerdo con el Cladem, los avances en los derechos humanos relacionados con la salud sexual y reproductiva fueron pocos. Además, persisten deudas históricas. Algunos de los problemas señalados fueron la alta tasa de embarazo en la adolescencia y la mortalidad materna por causas prevenibles asociadas al parto, la gestación y el puerperio. El Estado paraguayo también está en falta con la implantación de una Política de Educación Integral de la Sexualidad como parte de los Derechos Humanos.

También en el campo de la educación, se reclama al Ministerio correspondiente que se manifieste sobre el Curso de Educación Sexual orientado a profesores. Cladem denuncia que el contenido del curso contradice la Constitución y el marco de los DDHH, dando apertura a actitudes discriminatorias, sexistas y violentas tanto por parte de los hombres como de las mujeres.

En el área de la salud, el Comité denuncia "la persistencia de casos de discriminación de las mujeres que acuden a los Centros Asistenciales por motivos de género, clase, etnia, raza, orientación sexual e identidad de género, que les impide el pleno disfrute de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano”. Las paraguayas también carecen de una ley de salud sexual y reproductiva para garantizar estos derechos. Otro problema denunciado es que el presupuesto para la salud, en especial para el área de salud sexual y reproductiva, es extremadamente bajo, uno de los peores de la región.

Las mujeres que buscan los centros de salud después de haber realizado un aborto continúan siendo mal atendidas y criminalizadas en el país. El resultado es un alto índice de muerte de mujeres, sobre todo en las más pobres, por complicaciones relacionadas con el aborto. El Estado está en falta con el cumplimiento de las observaciones finales de los comités de monitoreo de DDHH, que recomendaron la eliminación del castigo a las mujeres que hayan realizado un aborto.

Cladem también denuncia la creciente violencia de género de la cual las paraguayas son víctimas. Hasta el día de hoy, agresiones, maltratos, abusos, abandono y femenicidios no son castigados de manera ejemplar. Tampoco existen políticas públicas adecuadas para evitar los varios tipos de violencia contra mujeres y niñas.

En este escenario con innumerables deficiencias, el Comité para la Defensa de los Derechos de las Mujeres exige una serie de transformaciones; la primera es una política pública de salud integral enfocada en los derechos y que garantice para todos y todas una salud gratuita y de calidad independiente de la clase social.

También señala la necesidad de reactivación del marco rector de la educación de la sexualidad y la consolidación del funcionamiento del Comité Gestor como órgano rector de esta política.

Otra exigencia es la aprobación de una Ley contra todas las formas de discriminación y otra Ley de Salud Sexual y Reproductiva que reglamente el artículo 61 de la Constitución Nacional y garantice el total acceso de las mujeres a los Programas de Salud Sexual y Reproductiva desde una perspectiva de derechos.

El Estado también debe cumplir los compromisos y recomendaciones internacionales para prevenir, sancionar y erradicar las muertes de mujeres, niñas y niños. Y también debe terminar con las disposiciones punitivas a las mujeres que se someten a un aborto. Como garantía, Cladem pide que el Ministerio de Salud emita una resolución que prohíba a los funcionarios estatales que las denuncien.

A las organizaciones y a la población en general, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer hace un pedido importante: que vigilen, exijan y demanden que el Estado paraguayo cumpla con su obligación de garantizar la salud y una vida digna a las mujeres, como ciudadanas.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com