La manifestación fue organizada después de que la titular del Ministerio de Educación, Cynthia del Águila, anunció una reforma en la carrera del magisterio, que pasará de tres a cinco años la formación para la educación primaria y pre-primaria. A partir de ahora se exigirán dos años de bachillerato de Ciencias y Letras con orientación Educativa y otros tres años en una carrera técnica a nivel universitario.

Los estudiantes no aceptan la modificación, pues justifican que representará más gastos para ellos y sus familias, además de que no será posible ejercer la profesión hasta el final de todos los años de estudio, situación que podrán reducir el número de personas formadas en el magisterio.

Después del anuncio de esta medida se constituyó un movimiento estudiantil para rechazar la imposición y repudiar el intento del ministerio de suspender el ciclo escolar. Como forma de llamar la atención, los/las estudiantes decidieron ocupar los edificios de establecimientos educativos y el Puente del Incienso, impidiendo, por dos horas, el tránsito en la región.

Después de esto, las fuerzas antimotines fueron accionadas y comenzó un enfrentamiento violento con abusos por parte de la policía, que persiguió a varios estudiantes y utilizó bombas de gases lacrimógenos. Los manifestantes respondieran tirando palos y piedras. La represión violenta tuvo como saldo cuatro estudiantes y tres policías heridos, todos con traumas en la cabeza.

Ante estos actos de irrespeto del derecho de manifestación y violación de los derechos humanos, 15 organizaciones y movimientos sociales, de mujeres, educación y de DH se manifestaron, por medio de un pronunciamiento público, criticando la acción arbitraria de la policía bajo el comando de Mauricio López Bonilla y manifestando solidaridad con el movimiento estudiantil.

En el pronunciamiento, las organizaciones y movimientos reclaman a los titulares de la Fiscalía de Derechos Humanos que comparezcan en el Instituto Normal Mixto Rafael Aqueche (Inra) para verificar la situación en la que los/las estudiantes se encuentran. También piden al Ministerio Público que investigue los hechos y verifique la participación de funcionarios públicos en la acción. Además de demandar al Ministerio de Educación para que se abra un proceso de diálogo efectivo sobre las reformas en la educación y las posibilidades de mejora.

Con informaciones de Cerigua

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com