Es muy positivo que el Ministerio de Justicia presente una acción de amparo contra la sentencia de la Sala Penal Nacional que reduce la pena al Grupo Colina y considera que sus integrantes no cometieron crímenes de lesa humanidad, pero las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el actual régimen también han sido graves.

De hecho, ninguna de las promesas cumplidas en el ámbito social durante este año puede opacar el saldo de quince personas muertas por las fuerzas policiales. En los últimos seis meses, especialmente, el gobierno ha continuado la política de García, empleando desproporcionadamente armas de fuego para reprimir manifestaciones sociales.

En los casos de Espinar y Cajamarca, además, hubo de manera generalizada detenciones arbitrarias y tortura y se hizo evidente la intención de neutralizar a los líderes de los movimientos sociales como Óscar Mollohuanca y Marco Arana. A esto se añadió que el Poder Ejecutivo logró que el Poder Judicial trasladara a Ica y Lambayeque los procesos judiciales originados por las protestas violentas y la represión indiscriminada, afectando marcadamente el acceso a la justicia y el derecho de defensa.

En ambos conflictos, se hizo evidente la parcialidad del gobierno hacia empresas privadas. Estas actitudes muestran al gobierno de Humala como más dependiente de los grupos de poder económico que sus predecesores.

Resulta además gravísimo que la Policía Nacional haya golpeado a una abogada de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca y a los integrantes de la Vicaría de Sicuani. En este último caso, inclusive se colocó municiones en su vehículo para incriminarlos. El gobierno ni siquiera se ha disculpado o ha sancionado a los responsables, lo cual implica un respaldo indirecto a estos hechos violentos. De hecho, el propio Presidente Humala ha declarado que las ONGs son las responsables de sembrar el descontento.

Como decíamos, durante este año, el énfasis en las políticas sociales ha sido notable, desde el incremento del salario mínimo hasta la formación del Ministerio para la Inclusión Social. Miles de ancianos pobres acceden ahora a la Pensión 65 y al programa especial de salud bucal. Se está entregando bicicletas a los escolares de las zonas rurales y ha comenzado el sistema de salud fluvial que recorrerá los lugares más apartados de la selva. En el ámbito de la salud, se están tomando medidas desde el punto de vista de la prevención de enfermedades, como las restricciones a la comida chatarra y se ha incluido al cáncer entre las afecciones cubiertas por el Seguro Integral de Salud.

En el ámbito educativo, destacamos el énfasis que se da a la atención de las zonas rurales, para dar atención integral a casi 1,200 escuelas de los lugares más pobres. Se ha revertido también la desmantelación de la Educación Bilingüe Intercultural por el gobierno de García, reabriéndose los institutos pedagógicos bilingües. Más de 4,000 jóvenes han recibido la Beca 18 para sus estudios universitarios.

Debe destacarse el nuevo enfoque intercultural, desde el reconocimiento a los aportes culturales afroperuanos hasta la celebración del Año Nuevo Aymara. El Viceministerio de Interculturalidad ha capacitado al primer grupo de intérpretes en idiomas indígenas, un esfuerzo que se debería replicar en el resto de instituciones públicas.

En el ámbito de la discriminación, por primera vez las autoridades han conmemorado el Día Mundial contra el Racismo y desde el Ministerio de Cultura busca enfrentar la discriminación a la población afrodescendiente. Haría falta, sin embargo, un enfoque integral contra el racismo, porque es un problema que afecta a todos los peruanos, dependiendo del contexto. Sigue siendo urgente una campaña mediática contra todas las formas de discriminación. La aprobación del proyecto de ley contra la discriminación presentado por el Congresista Leonardo Inga tendría en este contexto mucha importancia.

En relación a la población indígena, la Ley de Consulta Previa fue un avance positivo, opacado por las dificultades de su proceso de reglamentación y varias limitaciones del texto final aprobado. Igualmente, existen dos proyectos de ley para establecer una adecuada coordinación entre la justicia estatal y la que aplican las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas. En ambos casos, se dispone que las autoridades comunales no enfrenten casos de homicidio, siguiendo lo que ellas mismas plantean. Siempre en el ámbito de la justicia, es destacable la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, que permite promover a los Jueces de Paz, los más eficaces para garantizar la vigencia de los derechos de los habitantes de las zonas rurales.

Probablemente, en los cuatro años que siguen, el gobierno continuará las acciones de promoción social, enfrentando así las severas brechas sociales existentes. Sin embargo, es urgente que las violaciones a los derechos humanos terminen y sus responsables sean adecuadamente sancionados. De lo contrario, el régimen puede perder legitimidad en amplios sectores y la inestabilidad social puede incrementarse con serias consecuencias para la gobernabilidad.