El Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), el Comité Pro-Niñez de Puerto Rico y la Coalición de Solidaridad Dominicana con la Comunidad Haitiana, lanzaron la décima tercera campaña por el “Respeto al derecho a un nombre y la nacionalidad dominicana de los dominicanos y las dominicanas de ascendencia haitiana”. Este año tiene como lema que el Estado dominicano cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “No a la Exclusión”, la cual evoca el derecho a la nacionalidad y el cumplimiento de la sentencia a favor de los niños nacidos en Republica Dominicana hijos de migrantes haitianos.

Los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y las organizaciones que trabajan con el Tema se declaran en sesión permanente hasta que el Estado cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además consideran propicia la ocasión para denunciar ante la prensa nacional e internacional, entre otras cosas, el desacato por parte del gobierno a la sentencia emitida por la Corte, así como la política discriminatoria que mantienen las Oficialías del Estado Civil y la Junta Central Electoral como organismo rector hacia los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

Asimismo las entidades denuncian la anulación de Actas de Nacimiento de manera administrativa y la negación de Actas de Nacimiento que lleva a cabo la Junta Central Electoral a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. "También hacemos de conocimiento público que la Junta Central Electoral le está negando y reteniendo la Cédula de Identidad y Electoral a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana".

Estas acciones se dan en momentos en que el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial anuncian acciones coordinadas para resolver los problemas de actas de nacimiento en Centro América y el Caribe. Por lo tanto las entidades exigen la aplicación inmediata y sin dilación de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de fecha 08 de octubre del año 2005, que favoreció el respeto al nombre y la nacionalidad dominicana de los dominicanos de ascendencia haitiana. Esta decisión forma parte del bloque de constitucionalidad, reconocido por la Suprema Corte de Justicia en la Resolución 1920-2003.

Se exige todavía respeto y garantías del Estado dominicano a través de sus instituciones a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, sobre todo en lo concerniente al derecho a un nombre y a la nacionalidad dominicana; el cese de la exclusión y propiciar acciones afirmativas que faciliten la inclusión de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana; y detener las prácticas ilegales de impedir la inscripción de personas nacidas en el país de padres haitianos en los registros del Estado civil, así como el no expedirle duplicados de actas de nacimientos y no cedular a personas de ascendencia haitiana. Esta situación impide que niños, niñas y adolescentes y personas adultas de ascendencia haitiana se inscriban en las escuelas e ingresen a las universidades, soliciten pasaportes, y puedan trabajar, desarrollarse e integrarse a una vida digna.